Motivo #7

por: Gabriela Gómez @GaGomezT

 “Con las entrañas, con el corazón, con lo que somos y lo queremos ser. Porque somos esenciales para la vida, y sobre todo, porque somos portadoras de alternativas para hacer viables a la sociedad y el mundo”

Marcela Lagarde

La historia de las mujeres alrededor del mundo ha sido históricamente ocultado. La división social de los géneros, ha calado grandes brechas para las mujeres, determinado una ausencia en el escenario publico, social y político, como resultado del trato sistemático de exclusión y desvalorización en todos los aspectos de la vida.

En Ecuador, desde 1830 que se inaugura el Estado, la disputa por la promulgación y ejercicio de los derechos políticos no ha sido un tema menor para nosotras. La Constitución de esa época garantizaba los derechos a un sector especifico de la población: hombres, blancos y con capacidad económica. En 1886, se promulga la única Constitución de nuestra historia que declara expresamente que el voto es facultad de los varones.

En 1897, Eloy Alfaro envío un mensaje a la Asamblea Constituyente conocido como: “Mensaje, solicitando la Protección Especial a la Mujer y recomendando su Participación en los empleos públicos”. La Constitución liberal de aquella época no excluye a las mujeres, pero tampoco las nombran como sujetas políticas.

Matilde Hidalgo fue la primera mujer médica y, además fue a primera mujer en postularse a un cargo de representación política, nombrada Administradora Publica de la ciudad de Loja, además fue la primera mujer en ejercer su derecho al voto en 1924. Cinco años después, en 1929, se promulga de la primera Constitución que garantiza el voto femenino, este hecho no puede comprenderse sin la presencia y lucha de las mujeres de la corriente internacionalista por el derecho al sufragio.

En este camino está el aporte de la Alianza Femenina Ecuatoriana que tenía como impulsoras a Nela Martínez y Luz Bueno, quienes después de mucha presión consiguen que Bertha Valverde, sea la primera mujer en ocupar un cargo de elección popular, siendo electa como Concejala de Guayaquil.

En el contexto internacional, fueron varios los años de lucha que fueron evolucionando en el carácter liberador de sus apuestas. La exigencia del sufragio escaló en dos niveles, que igualmente los reconocemos en el país: el primero de la exigencia del voto igualitario, y el segundo la exigencia del voto universal en el que se pueda participar sin distinción de genero, ni etnia.

Este proceso construido por las mujeres en el mundo, permitió que en 1948, las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos promulguen varios artículos que respalden y garanticen los derechos de las mujeres. Esto configuró el camino para que en 1967 se de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y derive en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW.

Estas declaraciones fueron trascendentales, ya que instan a los gobiernos a reformar su legislación en favor de las mujeres. La aprobación de la Constitución de 1998 declara la promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres, colocando porcentajes de acciones afirmativas de manera progresiva; se inició con el 20% en 1998, se incrementó al 30% en 2000, llegando 50% en 2007- 2008.

 

En el 2008, el Ecuador vive un momento de efervescencia y radicalización de las luchas sociales ante la posibilidad de incluir demandas históricas en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Esta Asamblea coloca a la paridad como norma constitucional. Lo que se ha traducido en una representación significativa en los cargos de elección popular secciónales, provinciales y nacionales y los de designación y nominación como Ministerios, Consejos, Cortes, Tribunales etc. Pero, aun con estas conquistas obtenidas por años de incidencia y organización de las mujeres, la sociedad, aun patriarcal no ha permitido la consecución de estos derechos, y lo muestran las estadísticas, citando al informe “Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana” hecho por el Consejo Nacional Electoral en relación a las elecciones 2014.

A pesar de que las mujeres somos el 50,1% de los 11’618.968 de personas habilitadas para votar. “De las 5.628 autoridades electas el 23 de febrero de 2014, 1.444 son mujeres, correspondiente al 25,7; mientras que 4.184 son hombres, correspondiente al 74,3%”. Eso quiere decir que no basta con que las mujeres aparezcamos en la papeleta, es necesario que levantemos una agenda de mujeres que permita que alcancemos los cargos de elección popular.

Cabe preguntarse, también, si el incremento en estos porcentajes de representación femenina ha asegurado avances significativos en la vida de las mujeres ecuatorianas.

Durante los últimos diez años parecería que la representatividad es un espejismo o parte de un escenario montado en la retórica del Gobierno para legitimarse. La historia nos muestra que la voluntad política de permitir la presencia femenina en cargos de designación, no siempre garantizó avances en los derechos de las mujeres.

Un caso paradójico es el de Perú, en el gobierno de Fujimori las mujeres ocuparon varios cargos de representación y de designación de manera amplia, pero es este mismo periodo el de mayores casos de violación a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres (esterilización forzada, aumento de la violencia) en dicho país.

En Ecuador, la Asamblea Nacional del 2013, se constituyó con la mayoría de asambleístas del partido oficialista, con un amplio número de mujeres. El total de elegidas para este periodo corresponde al 41,61%, y son tres mujeres las que presiden la Asamblea Nacional.

En este periodo se dan debates intensos en relación a exigencias importantes colocadas desde el movimiento de mujeres para lograr el mínimo irrenunciable (considerado así por las feministas y mujeres organizadas). Se logran avances pero también retrocesos.

La tipificación del femicidio desde un sector del movimiento de mujeres es tipificado, pero se mantiene la penalización del aborto y la penalización social impidiendo incluso al aborto legal va en aumento. De esta forma las mujeres en la Asamblea no aseguraron una agenda de mujeres. Está en deuda la despenalización total del aborto y que el Estado asuma su responsabilidad en la muerte sistemática de las mujeres ecuatorianas como feminicidios.

La voz de las asambleístas oficialistas a favor de estos temas, fueron silenciadas por el Presidente de la República Rafael Correa, quien pidió sanciones por considerarlas desleales, ratificando que sabían de antemano su posición al respecto. Así Correa dijo: “Después de un año no excluyo pedir la revocatoria para determinadas asambleístas que han mostrado cinismo terrible, falta de lealtad total y falta de aprecio para el presidente de la República… No es pensar diferente, es deslealtad política” refiriéndose al intento de mujeres asambleísta de la bancada oficial de despenalizar el aborto.

Con estos antecedentes de autoritarismo y predominio de la norma moral personal del Presidente en la formulación de la legislación y política publica, cabe recordar que en septiembre de 2007, se expide el Decreto Presidencial 620 que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género, este decreto además instaba a la “construcción de una cultura no autoritaria que puede aportar a la revolución ciudadana, incorporando a las mujeres como actoras plenas y libres de violencia”.

Contradicciones de una sociedad donde no basta que mujeres ocupen cargós públicos e incluso de decisión si la cabeza sostiene el sistema patriarcal predominante

 

Entrevistamos a Cristina Cachaguay de Mujeres por el Cambio, una organización política de mujeres de izquierda, quien nos dio su punto de vista sobre la participación efectiva de las mujeres en política.

Para Cristina “No solo se trata de llenar un cuadro electoral en los partidos políticos, tenemos la figura de una mujer, pero debemos ver qué hay detrás de esa mujer, qué es lo que representa. Nosotras planteamos que no solo sea la utilización de las mujeres, sino que puedan desarrollar su actividad en plenos derechos ya sea en la gobernabilidad o en los espacios de participación”

Estamos por finalizar una nueva etapa electoral, tenemos 51 mujeres en la Asamblea Nacional (40%), entonces, ¿Cuál es el reto para la nueva asamblea? le preguntamos a Rocío Rosero Garcés de la Coalición Nacional por los Derechos de las Mujeres, quienes han propuesto la “Ley Integral de la Prevención y Erradicación de las violencias” y nos dice: “si no reconocen el estado de situación de la mitad de la población, estamos hablando de palabras mayores. Necesitamos que los nuevos legisladores y nuevas legisladoras asuman los compromisos y las recomendaciones que los Comités están dando al Estado ecuatoriano. Que conozcan de manera clara y categórica y que reconozcan sobre todo que el machismo y la misoginia requieren de un trabajo permanente, en política publica y eso requiere decisión política”.

La representación política de las mujeres es el resultado de años de organización y lucha de mujeres feministas y organizadas, pero no es suficiente. Por ello es vital continuar la construcción de propuestas, alianzas y organización desde las mujeres, para lograr mayor participación de mujeres con agenda feminista en el escenario político más allá de las urnas, porque como dice un graffiti: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”.

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