Motivo #2

Por nuestro derecho a decidir, por nuestras vidas

por Gabriela Gomez @GaGomezT

Para que la maternidad sea algo realmente digno y humanizante, se necesita que se reconozca como legítima la opción del aborto. Pues mi maternidad solo es realmente una opción positiva y libre, si pudiendo legítimamente optar por el aborto, lo descarto.

 Elfried Hart (Católicas por el Derecho a Decidir)

“El cuerpo es nuestro primer territorio de resistencia” consigna acuñada por las mujeres que exigen el respeto a la soberanía corporal y a su capacidad de decidir. En el cuerpo se aloja un universo entero, nuestras emociones, placeres, y afectos, en el cuerpo material se guarda nuestra existencia, nuestra vida. El cuerpo, que no puede pertenecerle a nadie mas que a nosotras mismas, es también un territorio en disputa en este sistema que todo convierte en mercancía.

Las mujeres estamos en lucha contra el capital patriarcal por nuestra libre capacidad de decidir, por nuestro derecho a vivir y a sentir. Desde nuestras intensas reflexiones y apuestas contundentes, decidimos desafiar este sistema de dominación que nos obliga a ser madres con violencia y prejuicios. Desafiamos este convenio social que nos ataca, con organización, alianzas y apuestas por una vida digna que nos ha unido mas allá de las fronteras y nos ha permitido además escribir la historia así.

Qué importante es la memoria historia de las que nos precedieron, para reconocer y valorar el presente, tomando como referencia el Cuaderno de Trabajo “Cómo se viven los derechos reproductivos en Ecuador: escenarios, contextos y circunstancias” realizado por Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, en el que se hace un recuento de la lucha por los Derechos Sexuales y reproductivos, ubicamos algunos escenarios como los siguientes: En 2004, el Postinor Anticonceptivo de Emergencia, es descalificado por los grupos antiderechos como medicamento abortivo, aún así varias organizaciones como la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Genero la entregan, también el Municipio de Quito con el fin de prevenir el embarazo adolescente. Esta es parte de las prestaciones gratuitas del Ministerio de Salud amparadas en Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.

En el 2005, el debate sobre el aborto no disminuye, la diputada de la Izquierda Democrática (ID), Miriam Garcés propone reformar la ley de Delitos de Explotación Sexual para poder ampliar las causales de aborto por violación, pero en 2006, la “Comisión Especializada Permanente de lo civil y lo Penal” entrega un informe desfavorable a esta propuesta con el argumento de que la mayor parte de la población ecuatoriana es católica.

No conformes, en 2007, los antiderechos del Congreso Nacional, encabezados por el socialcristiano Pascual del Cioppo, proponen la derogación del aborto terapéutico argumentando que “solo dios tiene potestad sobre la vida”. Afortunadamente esta propuesta fue archivada. Varios de los diputados fueron destituidos de sus cargos por la probación en Consulta Popular para la conformación de la Asamblea Constituyente.

En Ecuador el 2008 varias propuestas de años de lucha y trabajo organizativo desde todos los frentes sociales se congregan en la Asamblea Constituyente donde se reconoce a los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como se diferencia a la Salud Sexual y Salud Reproductiva. Esta delimitación es importante en tanto se muestra a estas dos dimensiones distintas y por lo tanto merecedoras de tratamientos especializados.

Esto como resultado de los procesos históricos de incidencia a nivel internacional como ejemplo: la Conferencia de El Cairo que declara que la Salud Sexual y la Salud Reproductiva son un derecho humano, admitiendo además que el aborto debe ser tratado como un problema de salud pública y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de las Mujeres en Beijing que ratifica el derecho de las mujeres a decidir sobre   la sexualidad y la reproducción, instando a que los Estados revisen las normativas para la despenalización del aborto. El convenio de la Cedaw, considerada la carta magna de los derechos de las mujeres, ratificado por Ecuador en 1981. En este mismo año, la Coordinadora Juvenil por la equidad de Genero lanza la línea Aborto Seguro, para acompañar a mujeres que deciden abortar de manera segura.

En este contexto, se considera un avance declarar al Ecuador un Estado Laico, conquista imperativa, dada la influencia en la administración del Estado por parte de la iglesia y sus dogmas discriminatorios. Se estableció además en el Art. 66: “El derecho a tomar decisiones libres, responsables, e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.

Después de la Constitución del 2008, para muchos considerada garantista, se presenta una nueva batalla por la despenalización del aborto. En 2013 se debate la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que en su Art 150 considera solo 3 casuales para su aplicación: para preservar la vida o salud de una mujer o si el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental.   Esta reforma se aprueba en agosto de 2014, como consecuencia se instauró una política de persecución a mujeres y médicos provocando que el aborto se dé cada vez más en situaciones riesgosas. Además el temor de ir a la cárcel ha hecho que los médicos violen el secreto profesional y delaten a las mujeres que llegan por atención médica y que ellas mismas no vayan a los centros de salud cuando sufren complicaciones.

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres recomendó al Estado Ecuatoriano la despenalización del aborto, considerando que a febrero de 2015, 58 mujeres han sido criminalizadas por abortar. Sobre esto, en 2011 Católicas por el Derecho a Decidir hizo una encuesta Nacional, en la que el 68,3% de la población del Ecuador, considera que las mujeres que abortan no deben ir a la cárcel.

Estefany Altamirano, activista feminista y parte de la Red de Acompañamiento de Aborto seguro Las Comadres y de la plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador nos cuenta sus razones de porqué la lucha por el derecho a decidir es prioritario en la agenda del 8 de marzo:

“Creemos que hablar de aborto en primera persona y sacarlo de la clandestinidad ayuda a que la penalización social, la carga moral que tiene el aborto como algo que está mal, que es pecado, pueda cambiar. Si bien nosotras hacemos un trabajo por la despenalización del aborto creemos que el trabajo de Las Comadres en cercanía con las mujeres aporta a la despenalización social”.

Para Stefy el aborto responde a un problema de salud pública y sobre todo de justicia social para la mitad de la población que somos las mujeres.

El debate sobre la interrupción legal del embarazo para las mujeres significa la defensa de la vida, sí, la vida de las mujeres que a diario mueren por abortos clandestinos.

Según el INEC 2010, el aborto se considera la 2° causa de muerte materna en el país, esto podría multiplicarse si se considera los abortos realizados en clínicas privadas, clandestinas e inseguras.

Según la OMS, una mujer aborta cada 4 minutos en Ecuador.

Según el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) entre 2005 y 2009 el 36,6% de mujeres ecuatorianas experimentaron algún tipo de aborto, colocando al Ecuador, en uno de los países con mayor cantidad de abortos en América Latina.

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